Bajo la legislación mexicana debemos entender que los activos virtuales son un nuevo tipo de bien mueble e intangible que ha de considerarse incluido dentro del patrimonio de sus titulares que puede ser destinado al cumplimiento de las obligaciones asumidas por tales titulares.

Dado lo reciente de la regulación en la materia y la poca o nula práctica que haya generado consenso doctrinal o jurisprudencial, no puede negarse que aún existe un amplio margen de incertidumbre en torno a su validez y en el funcionamiento del otorgamiento de garantías sobre activos virtuales, que obliga a los asesores jurídicos de las partes interesadas a recomendar una actuación cautelosa ante tales operaciones. 

Esto abre la posibilidad de que se constituyan formas de garantía específica y preferente sobre los activos virtuales para garantizar operaciones crediticias, existiendo además diversas figuras en la ley que pudieran ser compatibles con dicha posibilidad. 

Es deseable que las autoridades mexicanas precisen el alcance de las disposiciones vigentes con el objetivo de generar la seguridad jurídica necesaria para que el otorgamiento de este tipo de actos jurídicos sea una posibilidad fiable y recomendable desde el punto de vista práctico.